Aplicación del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria a los Inmuebles Rurales

En el mes de marzo del corriente año el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea General un proyecto de ley que además de introducir modificaciones a la liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) obliga a ciertos padrones rurales a abonar el Impuesto de Enseñanza Primaria.

A través del mencionado proyecto se pretende generalizar la aplicación del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, abarcando ahora a los inmuebles rurales. Si bien en sus orígenes las normas que regularon la aplicación de este impuesto, comprendían tanto los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, en el año 1996 se modificó la normativa, excluyendo a los inmuebles rurales de la aplicación de este impuesto.

El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Senadores a principios de junio del corriente, ingresó a la Cámara de Representantes donde si bien fue aprobado días atrás, al introducírsele modificaciones, regresó a la Cámara de Senadores con las modificaciones votadas en la Cámara de Representantes.

En la exposición de motivos se expresa que dicha modificación obedeció a una reforma de la tributación del sector agropecuario dada la especial situación que atravesaba dicho sector en ese momento. Se expresa que en “aplicación del principio de igualdad ante las cargas públicas” es necesario que el impuesto de referencia sea asumido también por los propietarios de los inmuebles rurales y no únicamente los propietarios de inmuebles urbanos y suburbanos, ya que se entiende que aquella situación que originó la exclusión ha sido superada.

En su primera versión se propuso quintuplicar la base de cálculo utilizada para gravar a los inmuebles urbanos y suburbanos, con la intención de que el impuesto no afectara la ecuación económica de los pequeños emprendimientos.

En la segunda versión que fue presentada con ajustes, y tal como expresa la exposición de motivos, se pretende que “la reimplantación del impuesto no grave a los productores agropecuarios que explotan extensiones de tierra inferiores a 300 hectáreas índice CONEAT 100, aún en caso que los padrones rurales, considerados individualmente, superen el monto referido en el párrafo anterior”.

Este es uno de los puntos más controvertidos, ya que los que se oponen sostiene que la mayoría de los productores tienen pequeños predios y no son grandes propietarios de tierras, que se verían perjudicados con la aplicación de este impuesto y que no lograría cumplir con el fin que se pretende al reinstaurarlo.

Sin embargo, con esta modificación y la aplicación del índice CONEAT (que determina la capacidad productiva de cada inmueble rural) se pretendió ser más justo y no afectar a pequeños productores.

Otra de las modificaciones que se introduce es que se dejaría sin efecto la transferencia de la recaudación del IMEBA e IRAE a Primaria que había sido dispuesta por el artículo 687 de la Ley 16.736.

Dentro de los opositores a la reimplantación de este Impuesto, se sostiene que los titulares de los inmuebles rurales ya contribuían a Primaria a través del IMEBA y del IRAE. Al instaurarse el IMEBA y lo que hoy es el IRAE, un porcentaje de lo recaudado se transfiere a Primaria, por lo que consideran que nunca se dejó de contribuir con ese sector.

Algunos reclaman además que no esté expresamente definido en el proyecto que el destino de lo recaudado se vierta en su totalidad a las escuelas rurales y entienden que puede terminar en Rentas Generales y no lograr el objetivo que se pretende.

Actualmente el proyecto ha vuelto a consideración del Senado, aguardando la aprobación de las modificaciones propuestas en Diputados. Habrá que aguardar la aprobación del texto definitivo y las derivaciones que pueda tener su aplicación.