Comisiones Investigadoras del Parlamento

Una comisión investigadora es un instrumento parlamentario para controlar y vigilar la gestión del Estado y los temas relevantes de gobierno. Es un panel o tribunal formado por legisladores que investigan y dictaminan; no es un órgano de justicia, está claro.

El art. 120 de al Constitución dice: las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”. Una facultad que viene desde que se estableció en la Constitución del año 1918 (art. 51). En el año 1995 con la ley 16.698 se reguló la conformación y funcionamiento de estas comisiones. Los distintos legisladores tienen derecho a investigar, auditar, recibir informes y testimonios, hacer pruebas sobre hechos supuestamente irregulares y terminar con informes sobre los resultados de las investigadoras.

Pero las Comisiones Investigadoras son además de instrumentos legales, una forma republicana de gestionar el gobierno. Diríamos que de gran importancia: permite canalizar por medios institucionales la función de contralor y de investigación que tienen los legisladores y, por añadidura, los dirigentes políticos.

Desde la reinstauración democrática en 1985 hubo una cantidad importante de comisiones investigadoras, alentadas porque cuadraba la coyuntura política del momento. Las mayorías parlamentarias no coincidían con el partido en ejercicio del gobierno según la ley de lemas. El Presidente, de hecho, solo tenía una minoría dentro del Parlamento y debía recurrir a gobiernos de compromiso con otros grupos o partidos (coalición, alianza, etc). Así, crear y gestionar comisiones investigadoras no era tan difícil para la oposición porque los legisladores propios del gobierno eran siempre de menor número a los que podían movilizar esos mecanismos. En esos tiempos, frente irregularidades sospechadas o situaciones graves en la administración, se daban curso a la investigación parlamentaria, que ayudaba muchas veces a poner cosas en orden y prevenir daños al Estado.

Con los gobiernos del Frente Amplio no ocurrió lo mismo. Desde el año 2005 que se dispone de una simetría entre la gestión del Estado y la representación parlamentaria mayoritaria, que actúa como un bloque en la votación y gestión. Eso le otorga la prerrogativa de oponerse o cerrar camino a cualquier intento o propuesta de abrir comisiones investigadoras, como por ejemplo el caso de ASSE, PLUNA o recientemente el FONDES.

El efecto que produce la negativa a abrir comisiones investigadoras, o incluso llegar a una etapa inicial con las llamadas pre-investigadoras, es el desborde hacia otros canales de resolución de las denuncias. Más presión pública, denuncias en órganos de contralor administrativos, pedidos de informes, llamados a Sala de funcionarios, etc. En última instancia, lo que pasa es que si no hay una instancia parlamentaria que permita clarificar o resolver las denuncias, siempre se terminará en la justicia.

Miremos el caso PLUNA, que no se admitió ninguna comisión investigadora pero hubo denuncias penales que culminaron con procesamientos de altos funcionarios y empresarios. Y en las irregularidades en ASSE es peor aún: se procesaron funcionarios públicos por corrupción pero ni siquiera los ciudadanos conocen el verdadero alcance y la profundidad de la corrupción cometida sobre los bienes del Estado.

Es vital entonces que los mecanismos institucionalizados funcionen, más allá que sea cierto o no de que las comisiones investigadoras pueden formar parte de un juego político o de la búsqueda de rédito electoral. Hoy es más sencillo decirlo porque todos los partidos ya han vivido estas alternativas de estar en el poder y en la oposición.

Por eso estamos viviendo momentos de presión sobre la justicia con la judicialización de la política. La justicia solo podrá resolver acerca de los delitos de las personas, nunca sobre la gestión administrativa de los recursos, las orientaciones políticas, la conveniencia de las medidas o los juegos de poder.

Mientras no se admita, aún a riesgo de equivocarse, que las comisiones investigadoras son mecanismos útiles para llevar adelante objetivos democráticos positivos, que deben ser racionalmente establecidas por todos los partidos, seguiremos viendo a legisladores, políticos y funcionarios desfilando por los juzgados penales del país, aumentando el descrédito sobre la noble función de servir a los ciudadanos.