Cómo lograr apertura comercial a pesar de la Decisión 32 del Mercosur

La salida del Reino Unido como miembro pleno de la Unión Europea fue aprobada por la consulta popular. Me ha vuelto a la recordar lo que pasaría si Uruguay decidiera salirse del Mercosur. Algo así como un #Urexit.

Lo que sigue es solo un ejercicio, no supone una opinión personal en el sentido de sugerir una salida de Uruguay a sus participación en el Mercosur, ya que considero que ello no dará solución a los problemas reales que enfrentaremos de futuro ni sería estratégicamente correcto en este momento.

Sin embargo, es algo demasiado evidente que nuestro país, por su iniciativa y por sus propios medios, debe buscar una reformulación del alcance de los compromisos asumidos en el Mercosur, tal como hoy está vigente. Al punto de ni siquiera poder acceder a cualquier otro acuerdo comercial directo con otros países. Una encrucijada en donde solo nos tenemos a nosotros mismos.

Acordemos de entrada que el Mercosur hoy no representa los intereses del país, especialmente en materia económica y de inversiones. Tampoco las aspiraciones de los ciudadanos. Es demasiado escaso el beneficio que se pudo lograr en las condiciones de vida y para el libre tránsito de personas, bienes, servicios y capitales. El Mercosur es un bloque marginal en el mundo, sin presencia institucional, comercial o social. Tiene el marketing negativo de sus economías mayores respecto de la corrupción, escaso compromiso internacional, proteccionismo y falta de seriedad macroeconómica. Así estamos hoy.

Vayamos al experimento de simular por un instante el escenario que nos ponga o nos lleve al borde de un #Urexit.

El Mercosur es un Tratado Internacional que fue aprobado por el Parlamento, según la Ley 16.196 de 22/07/1991. El Poder Legislativo es quien tiene la potestad de aprobar o reprobar tratados internacionales. Cuando se aprueba un tratado, éste pasa a integrar la legislación interna del país, pero no tiene un rango o fuerza jurídica superior a la misma Constitución.

Nuestra Constitución habilita tres caminos nacidos desde la ciudadanía para desligarse de un tratado internacional como el Mercosur. Son todas vías para llegar al mismo fin: la derogación de la ley que aprobó la adhesión de Uruguay al Mercosur como miembro pleno. Obviamente excluimos la separación por el medio natural, impulsada por el propio Gobierno y validada por una ley del Parlamento como ocurre con cualquier ley. Acá nos referimos a casos donde quienes impulsan la terminación del tratado son movimientos ciudadanos ejerciendo democracia directa.

El primer camino es la iniciativa popular, mecanismo que permite al 25% del total de inscriptos habilitados para votar, promover ante el Poder Legislativo una iniciativa de cualquiera, como sería la salida del Mercosur. El defecto de esta propuesta es que recae en los legisladores la obligación de tratar la iniciativa, pero no de resolverla y menos de manera favorable al petitorio, ya que se considera como cualquier proyecto legislativo.

El segundo mecanismo constitucional es la impugnación de la ley 16.196 mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, aunque podría ser presentada por cualquiera que tenga un interés directo, personal y legítimo, solo tendrá futuro si se demuestra que la ley es contraria a preceptos y principios constitucionales, lo cual no parecería el caso (salvo lo que indicaremos más adelante). Además, la Corte tiene doctrina histórica acerca de no juzgar leyes si ya fueron cumplidas o ejecutadas.

Tercer camino: que un 25% de los ciudadanos habilitados para votar planteen un referéndum contra la ley que aprobó el Tratado del Mercosur. Uno de los escollo que lo excluye es que la Constitución solo permite que este recurso se presente “dentro del año de promulgada la ley”.

Por eso, a la pregunta de un #Urexit del Mercosur bajo la modalidad inglesa, partiendo de un recurso ciudadano que lo habilite y que obligue a las autoridades, la respuesta es negativa.

No hay que desanimarse tampoco.

Hay una ventana que sí debería explorarse que no conlleva la salida del Mercosur, sino romper el cerco que tiene nuestro país para negociar y concluir acuerdos comerciales por fuera del Mercosur. Que de eso se trata, obtener acceso a mercados y mejores intercambios. En concreto, sería tener libertad plena de concluir acuerdos comerciales de cualquier especie fuera de la estructura del Mercosur (tratados de libre comercio, uniones aduaneras, acuerdos de preferencias).

La limitación real y jurídica que hoy existe para concluir (aunque no para negociar) se llama Decisión 32/2000 del Consejo del Mercado Común, que dice:

Reafirmar el compromiso de los Estados Partes del MERCOSUR de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias.

A partir del 30 de junio de 2001, los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de ALADI, que no hayan sido negociados por el MERCOSUR.

Las autoridades uruguayas de la época asumieron lamentablemente esta obligación de manera voluntaria, por la que se limitó la soberanía del país. Una decisión ilegítima y aberrante desde el punto de vista constitucional, que debería ser inmediatamente abrogada por ser absolutamente nula. Fue impuesta a través de una decisión administrativa del Consejo del Mercosur, no por un Tratado. Implicó la renuncia a la soberanía nacional vedada a cualquier representante y vulneró varias disposiciones constitucionales.

En este contexto, cualquier ciudadano, legislador, organización o partido político, podría promover la declaración de inaplicabilidad e inconstitucionalidad ante los tribunales, y hacer caer esta Decisión respecto de nuestro país.

Sería la mejor forma de reestablecer la legalidad y ayudar al interés nacional, sin romper con el Mercosur y recuperando la soberanía del país.