Derechos sindicales con límites

¿Hasta dónde llega el derecho de huelga y de ocupación sindical de locales y edificios?

Esta es la pregunta que se hacen muchos uruguayos, que ven una conflictividad creciente, hoy desbordada y dispuesta a cuestionar la autoridad pública en el conflicto por mejoras salariales del próximo presupuesto para la educación pública.

La consecuencia: niños sin clases ni alimentación, centros educativos que no contienen a los menores de bajos recursos en las escuelas de tiempo completo, perjuicio para los padres trabajadores que no reciben la contención de sus hijos, menos conocimientos para los alumnos, etc.

Es conocida la frase de que vivir en sociedad son tanto obligaciones comunes como también libertades y derechos, los que llegan justo hasta el límite de otro derecho, no más allá. En otras palabras, que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no vulnere el derecho de los demás.

Con los derechos sindicales ocurre una suerte de tolerancia o permisividad distinta que con otros derechos. A nadie se le ocurre que alguien pueda ocupar una casa o local comercial y que eso sea legal. O nadie puede pensar que cortar el acceso a una fábrica esté conforme con la ley. En cambio, si lo hace un sindicato en reclamo de reivindicaciones laborales eso pasa a ser legítimo. Lo que no hemos laudado como sociedad es el límite hasta donde llega esa tolerancia. Obviamente por encima está el interés público, la necesidad social más importante que cualquier derecho sindical. En esta categoría entran el cuidado de niños y menores, la seguridad de las personas, el alimento de los desprotegidos, la salud de los enfermos, solo por citar algunos.  La situación grave hoy es que los sindicatos no reconocen ni quieren asumir que ellos también tienen límites que respetar.

Admitámoslo: nos hemos acostumbrado todos a coexistir con paros sorpresivos, huelgas indefinidas, corte de servicios, ocupaciones de locales. En hospitales, centros de enseñanza, unidades de asistencia a menores infractores, la justicia, etc.  Y no olvidemos cientos de casos del sector privado en áreas críticas (alimentación, transporte, distribución supergás). Las estadísticas de conflictividad van en alza año tras año, con alguna excepción menor. ¿Cuánta asombro o sensibilidad genera hoy un pasacalle con plataformas reivindicativas o un titular de un diario o la justificación de los líderes sindicales de sus medidas?. Nula. Diría que hasta se nota indignación ciudadana en muchos casos.

Evidentemente algo ha pasado en Uruguay en los últimos años en el mundo del trabajo.

Por un lado, nadie puede desconocer las evidentes conquistas en materia de condiciones de trabajo, protección y fortaleza de las entidades sindicales, y obviamente un fuerte aumento real del salario real (cercano al 50% en los últimos diez años). Sin embargo, al mismo tiempo las relaciones personales, de confianza y respeto entre empleados y responsables de las empresas, se han ido resquebrajando, perdiendo. Preocupante situación cuando el 95% de las unidades productivas de Uruguay son Pymes, con no más de 5 o 7 empleados. Allí la relación mano a mano es insustituible (como en el barrio o en el pueblo) pero está en cuestionamiento, socavada, deteriorada. El trabajo sin confianza recíproca no es sustentable, es solo un hecho material que no genera calidad ni valor para nadie. Si no moralizamos las relaciones de trabajo no podremos crecer como país responsable. Por ejemplo, respetar una cláusula de paz sindical firmada en un convenio colectivo o cumplir las empresas los acuerdos salariales.

Los sindicatos, que representan afiliados por menos del 25% de los trabajadores, llevan unos años dorados, dulces, de buenos resultados, fruto de combinar una estructura de poder que tiene billetera, conformación ideológica con base en la lucha de clases, y en particular, lazos poderosos con los últimos gobiernos. De esta manera es bastante probable que se pierda de vista el interés de la sociedad respecto del particular de cada sindicato.

Dos ejemplos en este momento. Los sindicatos de la educación pública y el mismo Pit CNT se moviliza ferozmente porque en las negociaciones salariales del presupuesto, consideran que los aumentos de sus salarios no son suficientes (leyó bien, los aumentos de salarios, no los recortes). Jaquean a los alumnos. Otro caso poco creíble es el sindicato del INAU que, con apoyo del Pit CNT, generalizan un conflicto porque la justicia procesó a más de 18 funcionarios por delitos vinculados a su función (tortura y tratos degradantes hacia menores internados).

Ahora los sindicatos llamaron a la puerta del Gobierno del Presidente Vázquez con sus reivindicaciones. Todos saben que el Gobierno tiene una batería de herramientas para movilizar que no dispone el sector privado. Una de las principales es decretar la esencialidad los servicios estatales. Otra es asignar prioridades en los presupuestos.

Si bien el Gobierno parece dispuesto a marcar el territorio, a prestar atención que de la resolución correcta de este conflicto depende no sólo la gestión futura del presupuesto, sino también mucho de la conflictividad de la próxima ronda salarial y las relaciones futuras en el sector privado.