Ley de Inclusión Financiera – Decreto 307/2015

 

Se prorroga hasta el 1º de junio de 2016 la entrada en vigencia de lo dispuesto en los artículos 35,36, 40 y 41 de

La Ley 19.210 establece en los artículos 35, 36, 40, 41 y 45 distintos mecanismos de pago para las operaciones de enajenación de bienes y servicios dependiendo de determinados montos, así como también para la enajenación de bienes inmuebles y vehículos motorizados.

La entrada en vigencia de estos artículos estaba prevista para el 1 de diciembre de 2015, pero el Decreto 307/2015 la prorroga hasta el 1º de junio de 2016.

ARTÍCULO 35:

Se restringe el uso del efectivo para ciertos pagos. A partir del 1º de junio de 2016, no podrá abonarse con efectivo el precio de las operaciones de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior a 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), en la que al menos una de las partes de la relación sea una persona jurídica o persona física que actúe en calidad de titular de una empresa unipersonal, socio de una sociedad de hecho, sociedad irregular, sociedad civil o similar. Se entiende por efectivo el papel moneda y la moneda metálica, nacional o extranjera.

ARTÍCULO 36:

El pago del precio de toda operación de enajenación de bienes o prestación de servicios cuyo importe total sea igual o superior a 160.000 UI (ciento sesenta mil unidades indexadas), cualesquiera sean los sujetos contratantes, sólo podrá realizarse a través de medios de pago electrónicos o cheques diferidos cruzados no a la orden.

También se podrá admitir para realizar estos pagos, durante el plazo y en los casos y condiciones que establezca la reglamentación, la utilización de cheques cruzados no a la orden.

ARTÍCULO 40:

Con respecto a las enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles, el pago del precio en dinero de toda transmisión de derecho sobre bienes inmuebles a través de cualquier negocio jurídico que constituya título hábil para transmitir el dominio y los derechos reales menores, así como el de las cesiones de promesas de enajenación, de derechos hereditarios y de derechos posesorios sobre bienes inmuebles, cuyo importe total supere las 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.

Se establece también que el instrumento que documente la operación deberá contener la individualización del medio de pago utilizado.

Asimismo, los escribanos públicos no autorizarán escrituras ni certificarán firmas de documentos privados respecto de los actos antes relacionados que no cumplan con dicha individualización o cuyo medio de pago sea distinto a los previstos en el presente artículo, los que, en cualquier caso, serán nulos.

En caso de incumplimiento, además de otras eventuales responsabilidades que correspondan, serán de aplicación las sanciones disciplinarias establecidas en el Capítulo II del Título V de la acordada de la Suprema Corte de Justicia Nº 7.533 del 22 de octubre de 2004, o la que la sustituya.

ARTICULO 41:

El pago del precio en dinero en las adquisiciones de vehículos motorizados, cero kilómetro o usados, cuyo importe total supere las 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas), deberá cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden, cheques diferidos cruzados no a la orden o letras de cambio cruzadas emitidas por una institución de intermediación financiera a nombre del comprador.

Los instrumentos en que se documente la operación, incluidas las facturas emitidas por las automotoras, concesionarias o similares, deberán contener la individualización del medio de pago utilizado.

Los escribanos públicos no autorizarán escrituras ni certificarán firmas de documentos privados respecto de los actos antes relacionados que no cumplan con dicha individualización o cuyo medio de pago sea distinto a los previstos en este artículo, los que, en cualquier caso, serán nulos.

En caso de incumplimiento, además de otras eventuales responsabilidades que correspondan, serán de aplicación las sanciones disciplinarias establecidas en el Capítulo II del Título V de la acordada de la Suprema Corte de Justicia Nº 7.533 del 22 de octubre de 2004, o la que la sustituya.