Remuneraciones para los jueces

El conflicto del Poder Judicial con el Gobierno por las cuestiones salariales es realmente grave y no tiene precedentes. Afectó y afecta a los ciudadanos, a los derechos de las personas y a la tutela de la sociedad. Que sea una diferencia económica no es hoy lo único de importancia.

Prácticamente el Gobierno ha generado un conflicto institucional, entre poderes, no limitado a reivindicaciones salariales de magistrados y funcionarios. Es tan atípico que los propios jueces han adoptado medidas desconocidas en la historia como suspender audiencias, no analizar casos ni asistir a las oficinas, replicadas en todos los servicios de justicia y de los registros públicos.

En los hechos, por si fuera poco, se echó más leña al fuego. El Gobierno está impulsando una ley para intentar destrabar el conflicto y agregó disposiciones que abonan el escenario de gravedad institucional. Nos referimos a la norma que obliga a que las sentencias que se dictan en juicios contra el Poder Judicial sean pagadas con fondos propios y no a través del Ministerio de Economía y Finanzas (Tesoro Nacional). Ahí lograron también incorporar al conflicto a la Suprema Corte de Justicia, que salió en defensa de su escasa autonomía presupuestal y los fondos que se le asignan.

La escalada de este conflicto, creado principalmente entre los jueces y Presidencia de la República, remonta al año 2011. En ese momento, al dictarse la ley 18.996 (arts. 14 a 16), el Gobierno impulsó que los Ministros de Estado pasaran a cobrar la misma retribución que los Senadores y no un porcentaje menor como hasta ocurría, con lo cual hicieron varios ajustes al alza de las retribuciones de distintos cargos políticos y de confianza.

Se dijo que había que hacerlo porque era injusto que alguien que pasaba de su cargo de Senador a Ministro “perdiera” ingresos y cobrara menos que un director de una empresa privada. Subieron entonces la retribución de los Ministros y de muchos cargos de confianza.

Pero dejaron afuera expresamente a todos los magistrados, los “desengancharon” de los aumentos y de paso también afectaron a los fiscales, actuarios y demás funcionarios judiciales y registrales, que estaban todos vinculados en una escala porcentual respecto de la retribución de los magistrados.

Eso fue visto como una decisión que beneficiaba solo al sistema político y un desconocimiento a la jerarquía, rol e importancia de los magistrados. Decididos a defender sus retribuciones, los magistrados impugnaron la constitucionalidad de la ley y la Suprema Corte de Justicia les dio la razón por argumentos formales.

Mientras hoy un magistrado de la Suprema Corte percibe por mes $ 140 mil, un Ministro de Estado llega a $ 173 mil. El segundo nivel del Poder Judicial (ministro de un Tribunal de Apelaciones), no llega a $ 110 mil mensuales; y de allí hacia abajo todos los demás cargos.

Desde entonces hay un reclamo por la deuda ya generada de lo que no se pagó (en el entorno de U$S 120 millones acumulados en 4 años según la Suprema Corte) y otro por una adecuación hacia el futuro (U$S 30 millones anuales estimados). Los cálculos del Poder Ejecutivo darían incluso el doble de esos valores.

No se dice abiertamente, pero es evidente el conflicto tiene su origen en una decisión del gobierno de beneficiar económicamente a los cargos políticos en el año 2011 por encima del resto de los funcionarios. Obviamente que los jueces no lo son y terminaron injustamente afuera de los incrementos. Ahora los platos rotos nuevamente los pagarán los contribuyentes, con más presión sobre los tributos que pagan, sin que haya responsables por esta mala gestión del presupuesto nacional.