Restablecimiento del Impuesto de Enseñanza Primaria a los Inmuebles Rurales

Finalmente el pasado 31 de julio se aprobó el proyecto de ley que obliga a ciertos padrones rurales a abonar el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria.

A través del mencionado proyecto se pretendió generalizar la aplicación del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, abarcando ahora a los inmuebles rurales. Si bien en sus orígenes las normas que regularon la aplicación de este impuesto, comprendían tanto los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, en el año 1996 se modificó la normativa, excluyendo a los inmuebles rurales de la aplicación de este impuesto.

En la exposición de motivos se expresa que dicha modificación obedeció a una reforma de la tributación del sector agropecuario dada la especial situación que atravesaba dicho sector en ese momento. Se expresa que en “aplicación del principio de igualdad ante las cargas públicas” es necesario que el impuesto de referencia sea asumido también por los propietarios de los inmuebles rurales y no únicamente los propietarios de inmuebles urbanos y suburbanos, ya que se entiende que aquella situación que originó la exclusión ha sido superada.

En su primera versión se propuso quintuplicar la base de cálculo utilizada para gravar a los inmuebles urbanos y suburbanos, con la intención de que el impuesto no afectara la ecuación económica de los pequeños emprendimientos.

Finalmente se aprobó que el impuesto no grave a los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no excedan de 300 hectáreas índice CONEAT 100.

Con esta modificación y la aplicación del índice CONEAT (que determina la capacidad productiva de cada inmueble rural) se pretendió ser más justo y no afectar a pequeños productores.

Otra de las modificaciones que fue aprobada es que se deja sin efecto la transferencia de la recaudación del IMEBA e IRAE a Primaria que había sido dispuesta por el artículo 687 de la Ley 16.736.

Dentro de los opositores a la reimplantación de este Impuesto, se sostiene que los titulares de los inmuebles rurales ya contribuían a Primaria a través del IMEBA y del IRAE. Al instaurarse el IMEBA y lo que hoy es el IRAE, un porcentaje de lo recaudado se transfiere a Primaria, por lo que consideran que nunca se dejó de contribuir con ese sector.

Algunos reclaman además que no está expresamente definido que el destino de lo recaudado se vierta en su totalidad a las escuelas rurales y no lograría el objetivo que se pretende.

Exoneración.-
Para quedar amparado en la exoneración del pago del referido impuesto, “los productores agropecuarios deberán presentar ante al organismo recaudador, dentro de los ciento veinte días del ejercicio que se desee exonerar, declaración jurada con detalle del total de los padrones que al 1º de enero anterior explotaban a cualquier título, con indicación del correspondiente valor real de cada uno, así como la correspondiente documentación del Banco de Previsión Social y de la División Contralor de Semovientes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.” Por otra parte, los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no superen las 200 hectáreas índice Coneat 100, para quedar exonerados deberán cumplir con los mismos requisitos, con la salvedad de que la declaración debe ser presentada en la Intendencia respectiva.

Otras modificaciones.-
La ley introduce además otra modificación, que es el otorgamiento de la facultad a la Dirección General Impositiva (en adelante DGI) a suspender la vigencia de los certificados anuales en caso de falta de pago del Impuesto anual de enseñanza primaria. Será la Administración Nacional de Educación Pública (en adelante ANEP) quien informe a la DGI dichos incumplimientos.

Otra modificación que introduce esta ley refiere al organismo recaudador. Se establece que a partir del 1º de enero de 2008 la recaudación, administración y fiscalización de éste impuesto estará a cargo de la DGI, y la ANEP únicamente estará a cargo de aquellas obligaciones tributarias que hayan sido determinadas previo al 1º de enero de 2018 y respecto de las cuales se hubiere percibido su pago total o concedido facilidades de pago o que se encuentren con un proceso jurisdiccional en trámite.