Reformas en la justicia contencioso administrativa: ley 20.010.

La Ley 20.010, de reciente promulgación y cuya entrada en vigencia efectiva ya se verificó, actualiza diversas disposiciones sobre el procedimiento jurisdiccional a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Recordemos que se procesan ante el TCA todas las disputas que tenga por objeto la solicitud de nulidad de los actos administrativos definitivos dictados por los diversos órganos estatales y entidades públicas, desde el Poder Ejecutivo hasta los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, los Gobiernos Departamentales y todos los restantes Poderes del Estado y entes constitucionales (como la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas), etc. El TCA es un ente jurisdiccional de creación y regulación básica constitucional (arts. 309 y siguientes).

La normativa, que no supone cambios profundos en la institucionalidad o el diseño de la justicia contencioso administrativa, relegados a una reforma posterior, afronta cambios significativos en distintos aspectos netamente procesales o de formas del proceso que se venía siguiendo desde la reforma del Decreto Ley 15.524 del año 1984.

En primer lugar, articula y coordina las disposiciones procesales ante el TCA con respecto a las estructuras y parámetros legales del Código General del Proceso (vigente desde 1988). Trata de llevar el procedimiento hacia la perentoriedad, inmediatez, tendencia a la oralidad, equivalencia de partes, eficiencia, concentración, etc. Sin llegar a resolver las cuestiones más álgidas cuando se litiga entre el Estado y los particulares, hay una apreciable modernización de las normas y formas procesales.

El art. 2 de la ley reforma el viejo art. 104 del Decreto Ley 15.524, para obligar a aplicar el Código General del Proceso y no el anterior Código de Procedimiento Civil (CPC), que estaba basado en el expediente escrito y la ausencia de oralidad e inmediatez. Dice esta nueva norma:

En todos los puntos no expresamente regulados por la
presente ley y por la Ley N° 15.869, de 22 de junio de 1987, con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 16.462, de 11 de enero de
1994, y por el artículo 41 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de
2001, así como en las situaciones en que éstas se remitan a
disposiciones del Código de Procedimiento Civil, se estará, en cuanto
sea pertinente, a lo dispuesto en el Código General del Proceso Libro
I y normas concordantes o modificativas.

Sin perjuicio de la regla general de remisión al Código General del
Proceso, exceptúase la aplicación de todas las disposiciones de ese
Código que refieren al principio de inmediación. Por consiguiente, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo podrá presidir las
audiencias por sí mismo, a cuyo efecto bastará la presencia de tres de
sus miembros, o podrá delegar la tarea en los funcionarios receptores,
siempre bajo la supervisión del Secretario Letrado

En segundo término, se trataron de clarificar ciertas situaciones que no estaban definidas de una manera transparente en la normativa previa. Por ejemplo, que el TCA debe actuar sin esperar el impulso de parte para promover todas las acciones y medidas procesales adecuadas en cada momento del proceso. El art. 12 dispone ahora:

Promovido el proceso anulatorio, el Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.

La ley 20.201 en su texto completo es la siguiente: