Beneficiarios Finales en Estados Unidos: impacto de nueva ley en inversores latinos

La reciente Ley de Transparencia Corporativa (CTA) se introdujo como parte de la Ley contra el lavado de dinero de 2020, que a su vez formaba parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). Se persigue como objetivo profundizar el combate al crimen organizado y el lavado de dinero que utilizan habitualmente entidades estadounidenses para realizar sus actividades ilícitas, exigiendo ahora una nueva forma de identificación de los titulares de participaciones y fondos en millones de empresas.

¿En qué afecta a inversores extranjeros, especialmente a de países regionales como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, etc.?

Que sistemáticamente la estructura de negocios que llevan adelante los inversores latinoamericanos y de otros orígenes está ligada a estructuras societarias o empresariales creadas para ese fin, que ahora deberán ajustarse a esta nueva regulación. Por ejemplo, la compra de propiedades inmobiliarias o la inversión en empresas existentes en Estados Unidos, por citar algunos casos más notorios, se cumplen creando sociedades LLC (limited liability company), a veces tantas como propiedades inmobiliarias o negocios se adquieren, que será una de las modalidades atrapadas ahora por la nueva CTA.

¿Qué establece la ley CTA exactamente?

La ley entró en vigencia el pasado 1o. de enero de 2024, exigiendo a las “empresas declarantes” existentes a esa fecha que antes del 1 de enero de 2025 presenten su informe inicial ante la FinCEN. Las empresas formadas después del 1 de enero de 2025 deberán presentar su primer informe dentro de los 30 días. Y las creadas o registradas en 2024 tendrán 90 días naturales para presentarlo.

Antes de esta ley solamente las declaraciones de beneficiarios finales estaba en manos de entidades estaduales o tribales. A partir de esta nueva ley, la competencia pasa a ser federal, lo que marca un cambio radical en el panorama hacia el futuro.

Se entiende en la nueva CTA que una “empresa que presenta informes” puede comprender “(1) cualquier corporación, LLC, sociedad limitada o entidad similar creada mediante la presentación de un documento ante cualquier estado, territorio o tribu india de EE. UU. empresas), y (2) cualquier entidad no estadounidense que se registre para hacer negocios con cualquier estado, territorio o tribu india de EE. UU. (compañías extranjeras que informan)”.

La ley exige que las empresas proporcionen información sobre la propia empresa, incluido su nombre, cualquier nombre «que hace negocios como» (DBA), su dirección, varios datos fiscales y todo individuo que califique como propietario beneficiario, incluido su “nombre legal completo, fecha de nacimiento, dirección residencial actual (o dirección comercial para un solicitante de empresa si se dedica a formar entidades), y un ‘número de identificación’ y una ‘imagen’ de documentos como un pasaporte estadounidense, una licencia de conducir estadounidense, una tarjeta de identificación estadounidense o un pasaporte extranjero en su caso.

Para una empresa que sea creada o registrada a partir del 1 de enero de 2024, debe identificar hasta dos “solicitantes de empresa”.

Sin embargo, la ley proporciona exenciones para muchos tipos de empresas, como bancos, aseguradoras, empresas con “grandes operativas” (debe tenr más de 20 empleados a tiempo completo en EEUU, con ingresos anuales de más de US$ 5 millones y oficina física en el país), etc.

¿Quiénes son beneficiarios finales?

Un beneficiario final, según lo define FinCEN, «es una persona que, directa o indirectamente: (1) ejerce un control sustancial sobre la empresa que informa, o (2) posee o controla al menos el 25% de las participaciones de propiedad de la empresa que informa».

Una persona ejerce un «control sustancial» si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

  • Un alto funcionario (“presidente, director financiero, asesor general, director ejecutivo, director de operaciones o cualquier otro funcionario que desempeñe una función similar”)
  • Una persona con “autoridad para nombrar o destituir a ciertos funcionarios o a la mayoría de los directores (u organismo similar) de la empresa que informa”
  • Un “importante tomador de decisiones para la empresa que informa”
  • O alguien que de otro modo calificaría según las reglas detalladas en la Guía de cumplimiento para pequeñas entidades de FinCEN.

Los solicitantes de empresas según la CTA son quienes presentan directamente el documento que crea o registra la empresa o el principal responsable de dirigir o controlar la presentación en caso de haber dos solicitantes.

Las empresas que no cumplan con la ley al no informar o actualizar “intencionalmente” su información sobre beneficiarios reales o al proporcionar información falsa pueden estar sujetas a sanciones tanto civiles como penales. Estas incluyen multas de 500 dólares por día, hasta un máximo de 10.000 dólares, y hasta dos años de prisión.