Operaciones financieras en empresas públicas: nuevas reglas de aprobación

La Ley 19.899 de 8 de julio 2020, conocida comúnmente como LUC (ley de urgente consideración), introdujo una nueva regulación para endurecer las condiciones bajo las cuales los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, y todas las empresas subsidiarias o vinculadas, contraigan operaciones financieras con terceros.

La primera regulación, bastante tímida, fue dictada por artículo 267 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, modificada en la redacción por el
artículo 337 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012. Ahora, el art. 233 de la LUC dispuso lo siguiente:

“Las operaciones financieras de los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, excluido
el financiamiento de proveedores, que impliquen un endeudamiento superior al
equivalente en moneda nacional a 85.000.000 UI (ochenta y cinco millones de
unidades indexadas), deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo e
informadas a la Asamblea General dentro de los treinta días de aprobadas.
Asimismo, la mencionada autorización se requerirá para una eventual
renovación de la operación financiera. Se entienden también comprendidas en lo
antes dispuesto las operaciones financieras que realicen las personas jurídicas
subsidiarias, controladas, vinculadas o asociadas de los mencionados Entes
Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del
Estado, incluyendo las eventuales renovaciones de operaciones financieras.
Sin perjuicio de lo estipulado en la presente norma, y cuando los pasivos
financieros de la empresa superen más de la mitad de su patrimonio, toda
operación financiera adicional deberá requerir la autorización del Poder Ejecutivo
con independencia de su monto.

Se entiende por operación financiera de endeudamiento aquella mediante la cual
un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado del dominio industrial y comercial
del Estado, o bien las personas jurídicas subsidiarias, controladas, vinculadas o
asociadas de los organismos antes mencionados, adquiera la calidad de sujeto
pasivo, deudor, codeudor, garante, o responda con todo o parte de su patrimonio
a una obligación directa o indirectamente asumida.

Se encuentran incluidas dentro de este concepto aquellas obligaciones
financieras contraídas cuya efectiva exigibilidad esté sujeta a eventos futuros
inciertos, ajenos al control propio del Estado.
No se considera operación financiera el financiamiento otorgado por
proveedores.

La solicitud de autorización al Poder Ejecutivo deberá incluir el detalle de los
términos y condiciones de la respectiva operación y deberá ser acompañada de
toda la información y documentación que permita conocer cabalmente la situación
económico-financiera de la empresa.

El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de ciento ochenta días los
procedimientos necesarios, a los efectos del otorgamiento de la autorización
pertinente.

Esta norma no comprende las operaciones financieras realizadas por el Banco
Central del Uruguay, el Banco de Seguros del Estado, el Banco Hipotecario del
Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay”.

Por último, el art. 234 de la LUC derogó el art. 738 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015.