Proyecto de ley presentado ante el Parlamento: suspende desalojos para el que perdió el 40% o más de sus ingresos mensuales
Como parte de las iniciativas propuestas ante la lucha por la pandemia originada por el COVID-19, días atrás se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que tiene como objetivo principal suspender los desalojos en todos aquellos asentamientos irregulares donde a quien se pretenda desalojar se encuentre en un estado de vulnerabilidad tanto social como económicamente en virtud de la pandemia.
En el marco de dicho proyecto presentado por la diputada Elsa Capillera se entiende que se encuentran en un “estado de vulnerabilidad socioeconómica” todas aquellas personas que además de vivir en asentamientos irregulares, hayan sufrido, a consecuencia de la pandemia, una disminución importante de sus ingresos mensuales que sea igual o mayor al 40% y que además paguen un alquiler mensual cuyo monto sea igual o supere el 50% de sus ingresos mensuales.
El proyecto presentado trata específicamente sobre la suspensión de los lanzamientos contra aquellos ocupantes de terrenos públicos y privados que se hayan constituido antes del 1º de febrero de 2021 en asentamientos irregulares. Dicha suspensión del plazo se extendería por un plazo de 180 días luego de que el Poder Ejecutivo decrete el cese de la emergencia sanitaria.
Durante dicho plazo el proceso de desalojo o lanzamiento contra todo aquel arrendatario o subarrendatario que se encuentre en estado de vulnerabilidad socioeconómica quedará suspendido.
Se determina que el arrendatario podrá comunicar el estado de vulnerabilidad socioeconómica en que se encuentra promoviendo una demanda incidental adjuntando a la misma toda aquella prueba que respalde no solo la vulnerabilidad que se alega sino también que la misma es consecuencia de la pandemia.
Además, el proyecto propone dejar sin efecto la aplicación de todos aquellos reajustes anuales sobre los alquileres de vivienda con destino a casa –habitación, desde que entre en vigencia hasta el cese de la declaración de emergencia sanitaria.
Por último, el proyecto también plantea que las deudas generadas por la falta de pago de los alquileres enmarcados en la regulación propuesta, no generarían intereses ni el cobro de ninguna otra penalidad establecida en el contrato de alquiler.
Resta aguardar el proceso legislativo para conocer la suerte de este proyecto, u eventual aprobación así como los posibles ajustes que pudiera sufrir.
